VARAPALO AL URBANISMO SALVAJE
El Parlamento europeo propinó ayer un nuevo varapalo al modelo de crecimiento español basado en la urbanización indiscriminada del litoral. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobó, por 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, un informe de la parlamentaria ecologista danesa Margrete Auken, en el que se pide la revisión de todos los planes urbanísticos que, o bien no respeten el medio ambiente, o bien no garanticen los derechos de los propietarios de terrenos y de los compradores de residencias.
El texto, que aún tiene que ser votado en el Pleno de la Eurocámara el 26 de marzo, alude a los desmanes cometidos en Marbella, «donde se han construido ilegalmente miles de viviendas que infringen probablemente la legislación comunitaria». También arremete contra las urbanizaciones proyectadas en áreas protegidas de la Red Natura 2000, como el cabo almeriense de Gata y algunos puntos de Murcia. Y acusa a los jueces de reaccionar con lentitud frente a los abusos.
El 'informe Auken' carece de valor sancionador, pero no ahorra calificativos. Denuncia «la destrucción masiva» de parajes naturales, el «expolio» de bienes culturales y «las ganancias excesivas» de los especuladores. Igualmente, deplora «la corrupción endémica» causada por falta de claridad de las normas que regulan, de una parte, la propiedad individual y, de otra, el respeto al medio ambiente. Acusa a todas las administraciones de haber impulsado un modelo de desarrollo «insostenible». Y llama la atención sobre la «alarmante falta de confianza» en el sistema legal manifestada por miles de personas que han protestado en el Parlamento europeo.
Con esta lista de reproches, el documento propone retirar a España los fondos estructurales de la Unión Europea si no se resuelven las irregularidades. Pero también reclama reformas normativas, como modificar la Ley de Costas para proteger los intereses de los dueños de viviendas y de los propietarios de pequeñas parcelas que «no tienen un impacto negativo» en el litoral. Del mismo modo, propone suprimir el agente urbanizador, una figura que se encuentra en el punto de mira comunitario desde hace tiempo.
El agente urbanizador fue creado en la Comunidad Valenciana para sustituir a la junta de compensación de propietarios. Se trata de una empresa cuya función teórica es movilizar proyectos urbanísticos una vez que el Ayuntamiento ha decidido el planeamiento; pero en el Levante, donde residen miles de jubilados de la UE, la actuación de esos agentes ha originado un reguero de quejas. Esa figura aparece, por ejemplo, en la Ley vasca del Suelo.
Los eurodiputados del PP y del PSOE intentaron suavizar el 'informe Auken', el tercero en el que el Parlamento de Estrasburgo crítica el urbanismo español; pero sus esfuerzos fueron baldíos. Los conservadores y los socialistas europeos apoyaron las conclusiones de la ecologista danesa, integrada en el grupo de Los Verdes, y las endurecieron. Según el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, la amenaza de retirada de fondos de la UE afecta a la imagen de España justo en plena recesión, cuando más necesita «de la inversión exterior».
Consulta el Informe presentado en la Comisión (pdf)
Los 100 puntos negros de la costa española (álbum)
